Los expertos coinciden en que la fórmula empleada por Carles Puigdemont al asumir su cargo el otro día fuera de la fórmula legal, sin acatar la Constitución ni prometer lealtad al rey, según el Real Decreto de 1979 que regula el asunto, todos los actos del President no serán válidos, aparte de que puede acarrearle una sanción penal y hasta un año de cárcel.
Sin embargo, el TC amparó en 1990 que los diputados batasunos no usaran una fórmula homologable.
La fórmula legal debería ajustarse más o menos a ésta de "cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".
A ver en qué queda este asunto de formas, que en Democracia son algo sustancial.
Los expertos catalanes, lo ven de otra manera.
