jueves, 26 de enero de 2017

¿El juez sonda?

Un senador catalán y boquirroto lo cuenta todo y luego se reafirma.
El establishment independentista lo deja a la estacada. Los mismos que darán día de libranza a los funcionarios para ir a manifestarse en favor de Artur Mas.


Aquí. y aquí.

¿Arenas, Montilla y Lerma no se querellarán mañana?

De momento, la fiscalía actuará para investigar, a ver si convoca a estos tres también y dilucida qué hay de esa Commonwealth ibérica sin Portugal...

Pero seguirá la política de mano tendida, diálogo y buen rollo.

Las gente que trabaja por la independencia desde la función pública o siendo cargos electos debería ser investigada y, en su caso, suspendida de sueldo.

Que esta noticia aparezca en el principal diario español y no se convoque mañana un gabinete de crisis en Moncloa para tomar medidas de suspensión cautelar de la Autonomía, demuestra hasta dónde se ha llegado en inoperancia.

Si el Govern y el Parlament no han declarado aún la independencia unilateralmente es sólo porque todavía no les sale a cuenta y esperan irse más adelante llevándose la cajita con las joyas y quedándose con el piso.

Hay que promover referéndums estatales de expulsión.


















Un Joseba que clama en el desierto

Este Joseba conoce bien el percal, por haber sido de los suyos.
Aquí.


Ya en el año 2015 habló clarito sobre ETA y las víctimas y una enfermedad llamada Patria.
Aquí.

Brexit a misa

El Brexit se aprobó con una diferencia suficiente para que nadie cuestionara el resultado: 52/48 (como nadie cuestionó el resultado con el que Escocia decidió permanecer en el Reino Unido en un referéndum anterior acordado entre los gobiernos y parlamentos de Edimburgo y Londres, y luego comunicado por la vía reglamentaria a Bruselas, que no cuestionó su legimitad, al ser ésta una cuestión interna de un Estado miembro, y al carecer los Tratados de la Unión Europea de competencias sobre la materia). 

El Gobierno escocés y la mayoría en el Parlamento escocés eran partidarios de la independencia del Reino Unido, pero el pueblo escocés, tras una campaña embarrada, como suele ocurrir en estos casos en que se polariza a la población, decidió dar la victoria a la permanencia (55/45). Nadie lo puso en tela de juicio: Londres se felicitó por el resultado, Bruselas se felicitó a su vez, y hasta Madrid se felicitó. La mayoría de dirigentes europeos se habían pronunciado a favor de la permanencia de Escocia en el Reino Unido.
Los líderes independentistas escoceses reconocieron la derrota, si bien anunciaron futuros referéndums, pues para ellos una derrota en una consulta no tiene por qué entrañar un cambio de ideario. Hasta aquí nada que reprochar a nadie. La democracia funcionó razonablemente bien. 

Ahora, el High Court del Reino Unido ha decidido, a instancias de un particular, que el Parlamento estatal tenga que intervenir en el procedimiento de ratificación de salida del Reino Unido de la Unión Europea, decidido por el Gobierno, tras el referéndum ganado por los partidarios de la salida, tas una campaña embarrada, como no podía ser menos en estos casos, en los que se polariza a la población.

No debe olvidarse que el Gobierno de Su Majestad (salvo algún disidente) y el Parlamento británico se habían mostrado en su mayoría favorables a la permanencia, así como los principales dirigentes europeos. 

Si se convocan referéndums acordados y legales, como lo fueron el escocés o el británico, se entiende que se respetarán, de alguna manera, los resultados que éstos arrojen; es lo mínimo que, en democracia, cabe suponer y esperar. Lo contrario sería una tomadura de pelo. Otra cosa es que se pueda opinar que no era conveniente convocarlos o que no había suficiente demanda social para ello. Pero si se convocan consultas para luego no atender a sus resultados, simplemente no deberían convocarse; un referéndum no es una encuesta de opinión o un plebiscito arbitrario, que "o lo gano o lo amaño", como ocurre en las dictaduras.

Algunos se plantean ahora la cuestión filosófica de si el Gobierno y el Parlamento han de aplicar la decisión del Brexit: el Gobierno ya optó por hacerlo (Cameron dimitió, por coherencia, aunque decidió no convocar nuevas elecciones, para no generar más incertidumbre a la incertidumbre política resultante; decisión discutible, pero legítima); el Parlamento, en cambio, deberá, según la reciente decisión judicial, decidir si permite que inicie el Gobierno el trámite de salida, vía el correspondiente artículo del Tratado europeo (artículo 50).

¿Se está dando con ello acaso un posible conflicto de doble  o aun triple legitimidad: poblaciones regionales/ población estatal, parlamentos regionales/ parlamento estatal, y gobiernos regionales/gobierno estatal?

Sin duda.

Ahora bien, si en la consulta de junio de 2016 nadie cuestionó que la decisión de permanecer o de marcharse afectaba a todo el Estado (y por tanto los entes subestatales, Gales, Escocia e Irlanda del Norte no podían oponerse a ello por mucho que regional o localmente sus electores pudieran votar diferentemente a la mayoría estatal); si se aceptó que se respetaría el resultado (y Bruselas así lo entendió también), ¿cabe ahora desoír la decisión emitida por el 52% de los británicos con su NO a la permanencia?

Sin duda, cabe que el Parlamento británico vote en contra de la salida, nada en las leyes se lo impide; es más, la mayoría de Sus Señorías serían así coherentes con su convencimiento previo al referéndum. Pero si esto ocurriera, debería dársele inmediatamente la palabra a los electores para que éstos tuvieran la posibilidad de corregir esta decisión parlamentaria, mediante unas nuevas elecciones generales, con partidos y candidatos en liza favorables o desfavorables a la salida de la UE.

De lo contrario, si las instituciones, en este caso el Parlamento británico, deciden en contra de la opinión expresada en referéndum, se habría roto el contrato fundamental entre el pueblo (del que dimana la soberanía) y sus instituciones representativas (que lo y la encarnan).

Así las cosas, es preferible que el Parlamento vote, previamente a cualquier otra cuestión, una sencilla resolución: ¿Debe, sí o no, respetarse el resultado del referéndum de salida de la UE de fecha 26 de junio de 2016?

Si el resultado mayoritario es NO, deberían disolverse las cámaras inmediatamente y convocarse nuevos comicios.

Los ciudadanos, en democracia, deciden por mayorías, por muy cochambrosas que sean éstas y sus decisiones. 
La opinión de las mayorías de cada momento va a misa.

Son las reglas del juego y según decía Pascal: la opinión es la reina del mundo.

El referéndum es siempre un instrumento delicado, pero si el Reino Unido lo utilizó para permanecer en el Mercado Común en junio de 1975 (dos años y medio después de su entrada, pues se consideró que la pertenencia al club europeo  adolecía de falta de legitimidad a pesar de haber sido refrendado en sede parlamentaria --ganó en la consulta el SÍ a la permanencia, 67/33--), el  referéndum de junio de 2016  para salir de la UE es, como poco, igual de legítimo.

Es de desear que el Parlamento británico se pronuncie y actúe con valentía y responda al reto que tiene por delante con discernimiento y pensando en que el resultado del Brexit existe. 
Y si vota NO al Brexit, debe disolverse y el electorado ha de volver a hablar, no sólo eligiendo unas nuevas cámaras, sino incluso, en función del resultado de las elecciones, mediante un nuevo referéndum.

Nadie ha de permanecer en la casa común en contra de su voluntad: se sabe desde los romanos.

El futuro del Reino Unido, y el de Europa, bien valen todas estas misas.