El Brexit se aprobó con una diferencia suficiente para que nadie
cuestionara el resultado: 52/48 (como nadie cuestionó el resultado con el que
Escocia decidió permanecer en el Reino Unido en un referéndum anterior acordado
entre los gobiernos y parlamentos de Edimburgo y Londres, y luego comunicado
por la vía reglamentaria a Bruselas, que no cuestionó su legimitad, al ser ésta
una cuestión interna de un Estado miembro, y al carecer los Tratados de la
Unión Europea de competencias sobre la materia).
El Gobierno
escocés y la mayoría en el Parlamento escocés eran partidarios de la
independencia del Reino Unido, pero el pueblo escocés, tras una campaña embarrada, como suele
ocurrir en estos casos en que se polariza a la población, decidió dar la victoria a la permanencia (55/45). Nadie
lo puso en tela de juicio: Londres se felicitó por el resultado, Bruselas se felicitó a su vez,
y hasta Madrid se felicitó. La mayoría de dirigentes europeos se habían
pronunciado a favor de la permanencia de Escocia en el Reino Unido.
Los líderes independentistas escoceses reconocieron la derrota, si
bien anunciaron futuros referéndums, pues para ellos una derrota en una
consulta no tiene por qué entrañar un cambio de ideario. Hasta aquí nada que
reprochar a nadie. La democracia funcionó razonablemente bien.
Ahora, el High
Court del Reino Unido ha decidido, a instancias de un particular, que el
Parlamento estatal tenga que intervenir en el procedimiento de ratificación de
salida del Reino Unido de la Unión Europea, decidido por el Gobierno, tras el
referéndum ganado por los partidarios de la salida, tas una campaña embarrada, como no podía ser menos en estos casos, en los que se polariza a la población.
No debe olvidarse
que el Gobierno de Su Majestad (salvo algún disidente) y el Parlamento británico se habían
mostrado en su mayoría favorables a la permanencia, así como los principales
dirigentes europeos.
Si se convocan referéndums acordados y legales, como lo fueron el escocés o el británico, se entiende que se
respetarán, de alguna manera, los resultados que éstos arrojen; es lo mínimo
que, en democracia, cabe suponer y esperar. Lo contrario sería una tomadura de
pelo. Otra cosa es que se pueda opinar que no era conveniente convocarlos o que
no había suficiente demanda social para ello. Pero si se convocan consultas para luego no atender a sus resultados, simplemente no deberían convocarse; un referéndum no es una encuesta
de opinión o un plebiscito arbitrario, que "o lo gano o lo amaño", como ocurre en las dictaduras.
Algunos se plantean ahora la cuestión filosófica de si el Gobierno
y el Parlamento han de aplicar la decisión del Brexit: el Gobierno ya optó por hacerlo (Cameron dimitió, por coherencia, aunque decidió no convocar
nuevas elecciones, para no generar más incertidumbre a la incertidumbre
política resultante; decisión discutible, pero legítima); el Parlamento, en cambio, deberá, según la reciente
decisión judicial, decidir si permite que inicie el Gobierno el
trámite de salida, vía el correspondiente artículo del Tratado europeo (artículo
50).
¿Se está dando con
ello acaso un posible conflicto de doble o aun triple legitimidad:
poblaciones regionales/ población estatal, parlamentos regionales/ parlamento
estatal, y gobiernos regionales/gobierno estatal?
Sin duda.
Ahora bien, si en
la consulta de junio de 2016 nadie cuestionó que la decisión de permanecer o de
marcharse afectaba a todo el Estado (y por tanto los entes subestatales, Gales, Escocia e Irlanda del Norte no podían oponerse a ello por
mucho que regional o localmente sus electores pudieran votar diferentemente a la
mayoría estatal); si se aceptó que se respetaría el resultado (y Bruselas así
lo entendió también), ¿cabe ahora desoír la decisión emitida por el 52% de
los británicos con su NO a la permanencia?
Sin duda, cabe que el Parlamento británico vote en contra de la salida, nada en las leyes se lo impide; es
más, la mayoría de Sus Señorías serían así coherentes con su convencimiento
previo al referéndum. Pero si esto ocurriera, debería dársele inmediatamente la
palabra a los electores para que éstos tuvieran la posibilidad de corregir esta decisión parlamentaria, mediante unas nuevas elecciones generales, con
partidos y candidatos en liza favorables o desfavorables a la salida de la UE.
De lo contrario,
si las instituciones, en este caso el Parlamento británico, deciden en contra de la
opinión expresada en referéndum, se habría roto el contrato fundamental
entre el pueblo (del que dimana la soberanía) y sus instituciones
representativas (que lo y la encarnan).
Así las cosas, es
preferible que el Parlamento vote, previamente a cualquier otra cuestión, una sencilla
resolución: ¿Debe, sí o no, respetarse el resultado del referéndum de salida de la UE de
fecha 26 de junio de 2016?
Si el resultado
mayoritario es NO, deberían disolverse las cámaras inmediatamente y convocarse
nuevos comicios.
Los ciudadanos, en
democracia, deciden por mayorías, por muy cochambrosas que sean éstas y sus
decisiones.
La opinión de las mayorías de cada momento va a misa.
Son las reglas del juego y según decía Pascal: la opinión es la reina del mundo.
La opinión de las mayorías de cada momento va a misa.
Son las reglas del juego y según decía Pascal: la opinión es la reina del mundo.
El referéndum es siempre un instrumento delicado, pero si el
Reino Unido lo utilizó para permanecer en el Mercado Común en junio de 1975 (dos años y medio después de su entrada, pues se consideró que la pertenencia al club europeo adolecía de falta de legitimidad a pesar de haber sido refrendado en sede parlamentaria --ganó en la consulta el SÍ a la permanencia, 67/33--), el referéndum de junio de
2016 para salir de la UE es, como poco, igual de legítimo.
Es de desear que el Parlamento británico se pronuncie y actúe con
valentía y responda al reto que tiene por delante con discernimiento y pensando en que el resultado del Brexit existe.
Y si vota NO al Brexit, debe disolverse y el electorado ha de volver a hablar, no sólo eligiendo unas nuevas cámaras, sino incluso, en función del resultado de las elecciones,
Nadie ha de permanecer en la casa común en contra de su voluntad: se sabe desde los romanos.
Y si vota NO al Brexit, debe disolverse y el electorado ha de volver a hablar, no sólo eligiendo unas nuevas cámaras, sino incluso, en función del resultado de las elecciones,
Nadie ha de permanecer en la casa común en contra de su voluntad: se sabe desde los romanos.
