El Estado español debería también sentarse en el banquillo de los acusados del TSJC por un delito no tipificado de omisión culposa (no fue capaz no solo de evitar la consulta aguas arriba con medidas políticas inteligentes durante años, sino que una vez se vio que se iba a celebrar, no fue capaz (o no quiso) de impedirlo.
Este juicio es la metáfora de la absurdidad a la que se llega cuando no se quieren afrontar los problemas políticos con lealtad y racionalidad.
La Historia está cuajada de casos parecidos, y todos acaban mal.
No se sabe si habrá en breve una nueva consulta ilegal, pero lo que sí habrá será nuevas elecciones autonómicas, al mismo tiempo o justo después de las nuevas urnas de cartón.
Al final, se impondrá la fuerza de los hechos consumados, y en este campo, son los ciudadanos de Cataluña los únicos que pueden impedir que ciertos hechos se consumen con su voto en las próximas elecciones autonómicas. Sólo unos hechos pueden impedir otros.
