Del mismo modo que la única solución para que la UE pueda mantener en vida su proyecto protofederal, a fecha de hoy suicidado, es la salida del Reino Unido de su seno, para que España evite su suicidio se impone la salida de Cataluña del Estado español. Es un error luchar por el mantenimiento de una parte gangrenada y antidemocrática del cuerpo, cuando, además, ésta quiere (al menos al 50% y en la parte más activa de las células que la componen) desgajarse del alma mater que le dio y le da la vida.
Con todo y ser doloroso, como toda amputación, no sería tan grave la pérdida del 19% del PIB a cambio de desembarazarse de un problema crónico que condiciona la salud del resto del cuerpo social estatal. El problema es la parte de los 7 millones de habitantes que, legítimamente, aspira a seguir formando parte de un proyecto sugestivo de vida en común que se llamó en su día España.
Es a la búsqueda de fórmulas satisfactorias que permitieran a esos catalanes el seguir siendo españoles, (vía enclaves, particiones intraterritoriales o reubicaciones poblacionales) a lo que deberían dedicarse las fuerzas del progreso que queden en España.
Como los referéndums de expulsión no están recogidos como tales en el ordenamiento democrático, (grave déficit por cierto que las democracias avanzadas deberían resolver algún día), lo único que queda es la aplicación rigurosa y hasta rigorista del imperio de la ley.
En el caso que nos ocupa, la intervención de la Comunidad Autónoma felona; y mientras se va enderezando una situación anómala y antidemocrática, y devolviendo a los ciudadanos catalanes las libertades conculcadas, el Gobierno debería empezar a promover en sede parlamentaria una Ley de la Claridad "a la canadiense" que estipulara las condiciones con arreglo a las cuales las regiones españolas que lo deseen podrían segregarse: una ley, en definitiva, para poblaciones adultas, que dejara bien "clarito" lo que supone irse por las bravas, lo que supone ejercer el antisolidario derecho a hacer lo que a uno le salga de las narices. No puede el Estado seguir impidiendo al suicida el saltar del puente, sobre todo si el suicida intenta arrastrar en su caída a los que, bona fide, quieren impedir ese puenting sin goma.
Bibliografía espadiana del día: aquí.
