martes, 19 de septiembre de 2017

Ciudadanos sorteados

Estos días de manifiestos varios, éste de debajo de unos juristas catalanes frente a los que quieren sortear el Estado de derecho.

Y de paso la denuncia de los ciudadanos "sorteados".

Aquí.


AL SERVICIO DE LAS LIBERTADES

Los juristas que suscribimos, apelando a la larga tradición jurídica catalana, que honramos, caracterizada históricamente por el rigor científico de su discurso, llamamos la atención de la sociedad catalana sobre las siguientes cuestiones: 1º. No hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley. El marco jurídico establecido en los Estados de Derecho evoluciona y debe evolucionar pacíficamente, dentro del ámbito previsto, cambiando y adecuando su ordenamiento en función de los signos de los tiempos y las necesidades básicas de los ciudadanos, en los que reside con carácter exclusivo la soberanía del Estado, al igual que en todas las democracias de nuestro entorno. 2º. Resulta preocupante constatar cómo últimamente, en especial desde algunos medios y sectores, se vienen utilizando en el debate público términos y conceptos jurídicos sin el mínimo rigor exigible. 3º. Cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, menospreciando a los órganos encargados de aplicar las leyes, sea mediante sus resoluciones de carácter jurisdiccional como a través de aquellas emanadas del máximo intérprete de la Constitución, no es nunca una opción lícita ni legítima. Ello supone, además, poner en peligro nuestro sistema de derechos y libertades nacido con el pacto constitucional, fruto del esfuerzo y compromiso de todos. 4º. La plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, en el marco de la Unión Europea, únicamente es posible desde el respeto al ordenamiento jurídico de la Unión y de sus Estados miembros. En el marco de la construcción europea no caben posturas unilaterales ni maximalistas; ni tampoco cabe postular o intentar legitimar la transgresión del marco jurídico vigente. 5º. En consecuencia, debemos exigir que el debate público recupere, en primer lugar, el rigor jurídico perdido; y, en segundo lugar, que se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y libertades de todos.


Amén.