Nadie con dos dedos de sentido común puede pensar que la consulta se hizo sin la participación de la Generalitat en todos y cada uno de los niveles, tangibles e intangibles.
Y, por tanto, no se lo creen ni ellos tampoco.
Y, por tanto, no se lo creen ni ellos tampoco.
Decepciona, por ello, la falta de hombría (y mujería) de los tres acusados, escondiéndose detrás de una muchedumbre de “samarretas”, en vez de asumir su desobediencia patriótica y luego mirar a Estrasburgo (3 o 4 años para que haya respuesta) y en el entretanto, ya se verá qué pasa con el referéndum unilateral.
Pero no: ellos quieren ser absueltos, lo cual denota que no ven clara la independencia a corto y medio plazo y aún se quieren reservar el poder ser cargo electo o responsable político a cuenta del erario estatal.
Ahora bien, la fiscalía, emanación del Gobierno central, debería retirarse del procedimiento, por pura coherencia con el comportamiento del Gobierno, que dejó que se celebrara la consulta y aun los 15 días de propina para seguir votando.
Tiene razón Mas y sus desobedientes en que éste es un juicio político, pero no lo es en contra de una ideología como es la independentista, sino en favor de quien pretende ganar en sede judicial lo que no quiso ni supo ganar en los terrenos factual y político.
La posibilidad de que el proceso acabe en inhabilitación existe, pero sería, una vez más, un mero aviso a navegantes para el inminente referéndum ilegal, una muestra más de que este Gobierno del PP sólo sabe actuar a través de la fiscalía, brazo tonto de la ley.
Usar a los tribunales inferiores, superiores y mediopensionistas para hacer política es el reconocimiento del fracaso de ésta.
Y además es tener muy poco respeto por la separación de los poderes.
